Un simple comparendo por mal parqueo terminó convertido en una tormenta institucional en Cali. Durante el concierto de Shakira, el pasado 25 de octubre en el estadio Pascual Guerrero, una agente de tránsito impuso una orden de comparendo al vehículo del personero distrital, Gerardo M. Castrillón, por estacionar en un lugar prohibido. El hecho, a primera vista rutinario, escaló a un enfrentamiento que hoy tiene repercusiones administrativas.

Según testigos del procedimiento, el conductor del vehículo, que acompañaba al personero, habría reaccionado de forma airada ante la decisión de la agente de Movilidad, incluso amenazándola con “empapelarla” por atreverse a expedir la orden. Sin embargo, al percatarse de que la situación estaba siendo grabada, el hombre se retractó y permitió continuar el procedimiento.

Lo que parecía quedar ahí, en un episodio más de intolerancia vial, dio un giro inesperado apenas 24 horas después: la Personería Distrital de Cali anunció la suspensión por tres meses de Gustavo Orozco, secretario de Movilidad del Distrito, quien estuvo presente en el momento del comparendo.

La decisión desató polémica y ha sido interpretada por sectores de la administración distrital como una retaliación directa del personero contra el secretario. Para algunos funcionarios consultados por este medio, la sanción sería “una respuesta política a un acto de autoridad de tránsito que afectó al jefe del Ministerio Público local”.

Desde la Personería no se han referido a los hechos ocurridos durante el concierto, pero en su comunicación pública justificaron la suspensión en “presuntas irregularidades administrativas”.

En redes sociales, el episodio ha sido bautizado por los ciudadanos como una supuesta “Ley del Talión institucional”: ojo por ojo, comparendo por suspensión.

Entretanto, en el sector de Movilidad señalan que la actuación de la agente fue ajustada a la ley y que ningún funcionario, sin importar su rango, está por encima de las normas de tránsito. El sindicato de Movilidad ya había denunciado semanas atrás presuntos actos de presión y hostigamiento por parte de funcionarios externos hacia los agentes.

El caso ahora genera un debate más profundo en Cali: ¿se está usando el poder disciplinario para cobrar cuentas personales?

¿Quién tiene la razón? La ciudadanía, por ahora, es la que está deliberando.