El Sindicato de Movilidad y Bienestar Integral encendió las alarmas al solicitar formalmente a los entes de control la práctica de pruebas psicológicas y psiquiátricas al secretario de Movilidad, Gustavo Andrés Orozco Lince, con el fin de determinar si es apto para continuar en el cargo. La petición, elevada ante la Personería Municipal, la Procuraduría, la Contraloría General de la Nación y la Oficina de Control Disciplinario de Cali, ha generado un fuerte revuelo político y administrativo en la ciudad.

Según el sindicato, la solicitud se sustenta en “comportamientos cuestionables” del funcionario que, a su juicio, podrían estar afectando el clima laboral dentro de la Secretaría y el desarrollo de las políticas públicas de tránsito en la capital vallecaucana. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre las conductas mencionadas, los voceros sindicales aseguran que existen registros y testimonios de trabajadores que habrían presenciado episodios de alteraciones de ánimo y decisiones “erráticas” que ponen en duda la estabilidad emocional del jefe de despacho.

La denuncia, sin precedentes recientes en una dependencia del orden distrital, ha generado una ola de reacciones dentro y fuera del gobierno local. Algunos concejales de Cali exigieron respeto por el debido proceso y pidieron no convertir el tema en una persecución política, mientras otros respaldaron la iniciativa del sindicato, señalando que el comportamiento del secretario ha sido “inconsistente y autoritario” en sus decisiones más recientes sobre operativos y sanciones de tránsito.

Desde la Secretaría de Movilidad no se ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque fuentes cercanas aseguran que Orozco Lince considera la solicitud como una maniobra para deslegitimar su gestión y frenar los procesos de reestructuración interna que adelanta en la entidad. “Se está tocando un tema sensible como la salud mental con fines políticos”, habría dicho un funcionario cercano al despacho.

La polémica también llega en un momento complejo para la administración distrital, que enfrenta críticas por los problemas de movilidad, la congestión vial y el aumento de la accidentalidad en varios corredores de Cali. La petición del sindicato pone al secretario en el centro del debate sobre la idoneidad y el equilibrio emocional de quienes ejercen cargos de alto impacto en la ciudad.

El caso está ahora en manos de los entes de control, que deberán decidir si hay mérito suficiente para ordenar las pruebas solicitadas. Mientras tanto, la controversia crece y deja una pregunta abierta entre los caleños: ¿se trata de una legítima preocupación por el bienestar institucional o de una jugada política para remover a un funcionario incómodo?