La muerte de dos agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali en un grave accidente ocurrido en la vía Yumbo–Dapa desató no solo dolor institucional, sino también un fuerte cuestionamiento público: ¿por qué el secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, tenía a su disposición un esquema policial de acompañamiento en carretera?

El siniestro se presentó el viernes 5 de diciembre cuando la motocicleta oficial en la que se desplazaban la patrullera Isabel Cristina León Martínez y el subintendente César Augusto Acevedo Martín perdió el control y salió de la vía, impactando violentamente contra un árbol. La patrullera de 34 años falleció posteriormente en un centro asistencial, mientras que Acevedo, de 38, murió en el lugar de los hechos.

Las autoridades confirmaron que ambos realizaban labores oficiales como parte del acompañamiento al secretario de Movilidad, un detalle que ha despertado dudas entre ciudadanos, funcionarios y expertos en seguridad pública, pues no es común que un secretario de despacho cuente con escoltas o motoristas policiales a menos que exista un riesgo extraordinario debidamente documentado.

Los dos uniformados tenían una trayectoria destacada dentro de la institución. León Martínez, oriunda de Cali, contaba con 11 años de servicio, 65 felicitaciones y cinco condecoraciones. Acevedo Martín, nacido en Bogotá, acumulaba 13 años en la Policía, 41 felicitaciones y siete reconocimientos por desempeño operativo. Ambos eran considerados funcionarios ejemplares en gestión de tráfico y seguridad vial.

Tras el siniestro, la Policía Metropolitana expresó sus condolencias y ordenó una investigación interna para esclarecer las causas del accidente, incluyendo velocidad, condiciones de la vía y posibles factores externos. Las autoridades de tránsito de Yumbo también adelantan indagaciones paralelas.

Pero mientras avanzan las investigaciones técnicas, crece una inquietud central: ¿existía un protocolo claro que justificara el acompañamiento policial al secretario Orozco, o se trataba de un uso excepcional —o incluso improcedente— de personal operativo destinado a garantizar movilidad y seguridad vial para toda la ciudad?

En un contexto de recorte de pie de fuerza, aumento de accidentalidad y altos niveles de exigencia operativa para los agentes de tránsito, la muerte de dos policías en labores que no parecen corresponder a funciones esenciales abre un debate que la administración municipal deberá responder con transparencia. Las familias de los uniformados, sus compañeros y la ciudadanía esperan claridad: ¿por qué estaban allí?, ¿por qué cumplían ese rol?, ¿y quién autorizó ese esquema de acompañamiento?