Un motociclista falleció tras un operativo de control en el sur de Cali, luego de que un agente de tránsito intentara detenerlo por no acatar la señal de “Pare”. Según la información preliminar, el funcionario ejecutó una maniobra para bloquear el paso del vehículo, lo que provocó que el conductor perdiera el control, cayera al pavimento y sufriera heridas que terminaron causándole la muerte horas después.

El hecho ocurrió el miércoles 10 de diciembre y generó indignación inmediata, especialmente después de que circulara un video grabado por un residente de la zona. En las imágenes se observan dos motocicletas caídas y al agente de tránsito utilizando su teléfono celular, mientras un testigo relata que el funcionario “se sentó y se hizo el loco” tras el accidente. Adicionalmente, un vecino aseguró que el guarda habría propinado una patada al motociclista cuando este ya estaba en el suelo.

La Secretaría de Movilidad confirmó el fallecimiento del conductor y lamentó lo ocurrido en un comunicado oficial en el que expresó su solidaridad con la familia de la víctima. También anunció una medida preventiva: el agente implicado fue retirado de las actividades operativas mientras avanzan las investigaciones de los entes de control.

Sin embargo, este caso abre un debate mayor sobre la responsabilidad administrativa y penal no solo del funcionario involucrado, sino también del secretario de Movilidad, quien hasta ahora no ha rechazado de manera tajante la actuación del agente en un operativo que terminó en una tragedia. Aunque la Secretaría aseguró transparencia y colaboración con las autoridades, no se ha visto un pronunciamiento contundente que condene o cuestione el proceder del guarda, pese a que las imágenes y testimonios sugieren un posible uso excesivo de la fuerza.

Juristas consultados advierten que, en casos como este, además de investigarse al agente por su eventual responsabilidad en un homicidio culposo o incluso doloso —dependiendo de lo que determinen las pruebas—, también podría existir responsabilidad administrativa por parte del mando superior si se demuestra omisión, falta de supervisión o ausencia de protocolos claros que regulen los operativos de tránsito. Incluso, señalan que la falta de un rechazo explícito a conductas que podrían constituir abuso de autoridad puede considerarse una omisión grave en términos disciplinarios.

Mientras las autoridades recopilan testimonios, videos y reportes para esclarecer lo ocurrido, la ciudadanía exige respuestas claras y medidas ejemplares para evitar que hechos similares se repitan. En redes sociales, la indignación crece: muchos piden sanciones no solo para el agente, sino también para quienes, desde los cargos directivos, tienen la obligación de garantizar que los operativos se realicen bajo principios de legalidad, proporcionalidad y respeto por la vida.

La investigación continúa y los caleños esperan que este caso no se quede en una simple reasignación del funcionario, sino que abra la puerta a una revisión profunda de los procedimientos de control y de la responsabilidad institucional en hechos de esta magnitud.