Dalin Selena Monsalve, una joven vigilante de 23 años, estremeció al país tras denunciar ante las autoridades al inspector de Policía José Arturo Figueredo por presuntos abusos sexuales y acoso laboral. La denuncia incluye un video en el que se observa al funcionario adoptando comportamientos de connotación sexual, tocando a la víctima sin su consentimiento y utilizando expresiones inapropiadas mientras ella cumplía sus labores.

La agresión —según relata Monsalve— no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que habría comenzado desde su traslado en enero de 2025 a la Inspección Sexta de Policía. Allí, afirma, soportó constantes insinuaciones, presiones indebidas y comportamientos humillantes por parte de Figueredo, quien, según su testimonio, se aprovechó de su cargo, evidenciando un grave caso de abuso de poder.

La denuncia generó una ola de indignación en redes sociales. Varias mujeres de distintas ciudades aseguraron haber vivido situaciones similares dentro de instituciones policiales o en esquemas de vigilancia, lo que evidencia que este caso no solo sacude a la entidad involucrada, sino que pone en alerta a todo el país.

En Cali, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres destacan que estos episodios deben ser atendidos con celeridad por las autoridades nacionales y locales. Señalan que la ciudad también enfrenta denuncias por acoso laboral y abuso sexual dentro de entidades públicas y privadas, y que el caso de Monsalve vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer los protocolos internos, las rutas de atención y la formación en enfoque de género para funcionarios que ejercen autoridad.

Expertas consultadas afirman que el agresor no solo enfrentaría responsabilidades penales por el presunto delito de acto sexual violento, sino también investigaciones disciplinarias por abuso de autoridad y faltas gravísimas en el ejercicio de su cargo. Asimismo, insisten en que la institución debe revisar de manera integral los antecedentes y supervisión de sus mandos para evitar que estos comportamientos se perpetúen.

El caso de Dalin Selena Monsalve abre un debate incómodo, pero necesario: ¿qué tan protegidas están las mujeres que trabajan en cuerpos de seguridad?, ¿qué tan sólidas son las medidas internas para prevenir el acoso?, ¿y cuántas víctimas permanecen en silencio por miedo a represalias?

Mientras avanzan las investigaciones, la joven pidió garantías para su seguridad y para que su denuncia no quede en la impunidad. Cali, al igual que el país, observa con preocupación un caso que podría revelar mucho más que un abuso individual: un problema estructural que exige respuestas contundentes.