En medio del aumento sostenido de la inseguridad en varias regiones del país, tres gobernadoras —entre ellas la del Valle del Cauca— advierten que están asumiendo casi en solitario la contención del avance de las estructuras criminales, ante lo que califican como una respuesta insuficiente del Gobierno Nacional. Se trata de Nubia Carolina Córdoba, en Chocó; Rafaela Cortés, en Meta; y Dilian Francisca Toro, en el Valle del Cauca, territorios hoy golpeados por el secuestro, la extorsión y los ataques contra la Fuerza Pública.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, los secuestros en Colombia aumentaron un 118 % con corte a octubre de este año, mientras que la extorsión superó los 10.000 casos en los últimos doce meses, afectando de manera directa a comerciantes, transportadores y comunidades rurales. Para las mandatarias, estas cifras reflejan un deterioro del orden público que supera las capacidades regionales y exige decisiones de fondo desde el nivel central.

Desde el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro ha sido enfática en señalar que, aunque existe articulación con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, persisten vacíos en la coordinación con otras carteras del Gobierno Nacional. Según la mandataria, esta falta de articulación limita el fortalecimiento de la inteligencia, el acceso a tecnología y la implementación de capacidades estratégicas, como los sistemas antidrones, necesarios para enfrentar a los grupos armados que operan en zonas rurales y corredores estratégicos del departamento.

En regiones como Chocó, la situación es igualmente crítica. Allí, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba ha denunciado que la disputa entre el ELN y el Clan del Golfo por rutas del narcotráfico, minería ilegal y control de ríos ha derivado en al menos nueve paros armados en los últimos 18 meses, con graves afectaciones a la movilidad, la economía y la seguridad de la población civil.

En el Meta, la gobernadora Rafaela Cortés ha alertado por la presión creciente de las disidencias de las Farc en corredores estratégicos y no descarta la implementación de una tasa de seguridad como mecanismo para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública en el departamento, ante la insuficiencia de recursos nacionales.

Desde el Valle del Cauca, las autoridades departamentales insisten en que la seguridad no puede recaer únicamente sobre los gobiernos regionales. Las tres gobernadoras coinciden en que se requiere una inversión urgente en inteligencia, tecnología y presencia integral del Estado para frenar la expansión de la criminalidad y evitar que las comunidades sigan siendo las principales víctimas del conflicto armado y de las economías ilegales en Colombia.