La implementación de la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro se ha convertido en una de las heridas abiertas más profundas del país, y en el Valle del Cauca —uno de los territorios donde más se impulsó y defendió esta política— el juicio ciudadano y político es cada vez más severo. Hoy, líderes regionales que respaldaron la estrategia enfrentan cuestionamientos por lo que muchos llaman “la sangrienta mancha de impunidad” que dejó la ola de violencia en Colombia.

Un informe del Centro de Paz y Seguridad Externadista confirmó el deterioro del orden público bajo la Paz Total: en los primeros tres años del gobierno Petro se registraron 40.663 homicidios, una cifra superior a los 37.795 del mismo periodo de Iván Duque y a los 36.646 del segundo mandato de Juan Manuel Santos. El país hoy enfrenta un asesinato cada 39 minutos, un ritmo más rápido que el registrado en los gobiernos anteriores.

El efecto territorial es innegable. En varias regiones, incluidos puntos estratégicos del Pacífico y del suroccidente, la violencia se intensificó por el fortalecimiento de grupos criminales que aprovecharon los diálogos, la ausencia de controles y los ceses unilaterales para expandir su poder.

Las decisiones que marcaron al Valle del Cauca

En el Valle, donde se ejecutaron y respaldaron múltiples espacios de diálogo con estructuras ilegales, el impacto ha sido crítico. Políticos locales participaron activamente en los procesos promovidos por el gobierno Petro, y hoy son señalados por haber facilitado escenarios que, en la práctica, aumentaron el dominio territorial de bandas, disidencias y organizaciones armadas.

Alexander López, uno de los más visibles defensores de la Paz Total, coordinó mesas de diálogo en Buenaventura. Tras ese proceso, los grupos Shottas y Espartanos consolidaron más poder, ampliaron el control en barrios claves y fortalecieron las economías criminales basadas en extorsiones, microtráfico y amenazas, según denuncias de comerciantes y organizaciones ciudadanas.

En Jamundí, el congresista Duvalier Sánchez es señalado —junto al entonces alcalde Andrés Felipe Ramírez— de haber permitido la construcción de vías y hasta estaciones de gasolina ilegales utilizadas por disidencias en zona rural. Hoy, comunidades de La Liberia, Potrero Grande, San Antonio y veredas cercanas sufren secuestros, extorsiones y confinamientos periódicos.

Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, desató controversia hace pocas semanas cuando, durante una sesión del Concejo de Cali, invitó públicamente a disidencias de las Farc y al ELN a “alzarse” frente a lo que llamó ataques de la oposición política local. Sus declaraciones fueron catalogadas como peligrosas e irresponsables incluso por sectores afines al gobierno.

Otros dirigentes como Julián López, Alfredo Mondragón y Ana Erazo mantuvieron respaldo férreo a la Paz Total, pese a las denuncias de campesinos, líderes sociales y habitantes de zonas rurales del Valle que reportaban aumento de extorsiones, homicidios selectivos, cultivos ilícitos y ajustes de cuentas.

¿Quién asume responsabilidades?

Con el informe del Externado sobre la mesa, que evidencia el incremento generalizado de los asesinatos —un promedio diario de 37 homicidios en el país— surgen preguntas incómodas que resuenan especialmente en Cali y el Valle del Cauca:

• ¿Responderán políticamente quienes promovieron y defendieron una estrategia que terminó fortaleciendo estructuras criminales?
• ¿Existe responsabilidad administrativa para funcionarios que participaron directamente en mesas o facilitaciones territoriales que facilitaron la expansión de grupos armados?
• ¿Qué mecanismos de control fallaron para evitar que el diálogo degenerara en impunidad?
• ¿Por qué las voces de las comunidades rurales, que alertaron desde 2023 y 2024 sobre la expansión armada, fueron ignoradas?

El debate crece y se amplifica mientras el país cierra 2025 con cifras de homicidios que superan incluso las de los años más duros del posacuerdo.

Una frase que se repite en redes, incluso entre antiguos simpatizantes de la Paz Total, resume el sentimiento que rodea hoy al Valle del Cauca: “El cambio fue más muertes, más extorsiones y más miedo”.